Culturismo y Fitness - Foro - Culturismo Digital

La industria audiovisual y las gestoras de derechos de autor se rinden ante una ministra insustancial.

El PSOE pide un plan nacional de contenidos audiovisuales; la SGAE que se blinde el canon digital o se articulen tasas al adsl, buscadores o las redes sociales

Exigen otra norma a medida o una enmienda transaccional si no llega pronto la Ley de Economía Sostenible (LES) y buscarán sitio al plan B de cortes directos a usuarios en el ACTA con los EUA.

Ana Zarzuela.- Ha perdido las riendas, los calendarios y el rumbo de su propia ‘Ley Sinde’. Y, con ellos, la confianza de la industria audiovisual y de las entidades de gestión de derechos de autor que tejieron, a cuatro manos con la ministra, un plan ‘antipirata’ llamado a propiciar el corte administrativo de 200 webs en 2010. Adiós al idilio. Aunque, hasta dos días antes la ministra seguía asegurando que era cuestión de días, la regulación de los contenidos online recogida en la disposición adicional segunda de la LES no se someterá a votación como pronto hasta mediados de septiembre. Será muy difícil que entre en vigor durante el próximo año. Hoy, las promesas no resisten en la mesa de la Ministra de Cultura: no está clara la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual y González-Sinde no está en condiciones de blindar ni la Ley de Propiedad Intelectual (que Ferraz quiere cambiar) ni el canon digital que el Tribunal de la UE cuestiona. No hay Plan Nacional de Contenidos Audiovisuales. Por primera vez, las sociedades de gestión de derechos de autor y la industria audiovisual se le rebelan, quieren una regulación ad hoc si la LES tarda más. Le marcan las distancias: no habrá macroweb sin regulación, se pensarán dos veces las denuncias ante la Audiencia, los especialistas advierten que les pueden salir caras, a la luz de la oleada de sentencias a favor del P2P. La Coalición de Creadores exige de nuevo a la ministra cortes directos a los usuarios si no se reduce en un 70% la ‘piratería’, con o sin LES. La SGAE busca suplir las grietas del canon digital con la puerta abierta a tasas sobre el adsl y las transacciones en la red.

La ministra sigue teniendo prisa para que vea la luz la Ley Sinde. Al menos, la de sus discursos, pero ya no es asunto suyo. Ni urgente para Moncloa. Se lo ha dejado claro la décima prórroga a las enmiendas de la Ley de Economía Sostenible (LES) desde que salió del Consejo de Ministros el 19 de marzo, que José Bono aprobaba en el Congreso de los Diputados el 30 de junio. Al menos hasta el 7 de septiembre no se cerrará la puerta a nuevas enmiendas. La esperanza de la industria, como confesaba la Coalición de Creadores, es que la Comisión de Economía podría aprobar una enmienda transacional sin pasar por el pleno. Un horizonte que choca aún con la incógnita de la doble faz ‘antipirata’ del PP. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (PE) ha adoptado un informe no vinculante contra la llamada "piratería en Internet" impulsado por la eurodiputada francesa del Partido Popular Europeo Marielle Gallo, que votará el Europarlamento en septiembre y que cita la Ley de Economía Sostenible española como ejemplo regulatorio. Pero al sur de los Pirineos, el PP no renuncia a cambios que permitan judicializar todo el proceso, contra la pretensión inicial de la industria y Sinde.

ULTIMATUMS A SINDE Y PLANES ‘C’ PARA CORTES A LOS USUARIOS

Se les acaba la paciencia. Y con ella, la confianza. Por primera vez, los informes de la industria audiovisual no sólo le ponen cifras a los argumentos de sus pérdidas por las descargas y el intercambio de archivos. Ahora, han empezado a tasarle a la Administración Central sus propios retrasos. Sólo con la “piratería” en el sector del vídeo, según la Asociación Española de Empresas de Vídeo (AEVIDEO), las arcas del Gobierno “pierden 500 millones de euros al año, que tendrían que haber percibido por el IRPF de los trabajadores, impuestos de sociedades de las empresas e impuestos de seguridad social”. El subsector del vídeo se lo ha dejado sobre la mesa del Congreso e los Diputados y en la lista de agravios de la Ministra de Cultura junto con 40.000 firmas para protestar por “la excesiva lentitud” en la tramitación de la Ley Sinde. En palabras de su presidente, Carreras, durante la presentación, “estamos muy cansados, llevamos varios años hablando con todo el mundo y tenemos la impresión de que nos están tomando el pelo”. El Gobierno "tiene miedo” de aprobar una medida que ya ha sido criticada y que sería "muy impopular". Su enfado llueve sobre mojado con el del sector editorial español, el 50% del tejido cultural. Urgen al Gobierno a “acabar con el "saqueo" que suponen las descargas a su sector.

Le ha puesto el ultimátum sobre la mesa el director del I Seminario Ortega y Gasset sobre la industria audiovisual, José María Otero: si se va a retrasar mucho más la tramitación de la Ley de Economía Sostenible, exigen que esas medidas ‘anti-piratería’ se pasen a un "texto normativo independiente que se promulgue de manera urgente". Según sus calendarios y las conclusiones del estudio sobre la industria audiovisual, -“El cine en internet”-, la normativa debía haberse desarrollado ya hace tres años, cuando la Comisión Europea denunció las graves consecuencias de este fenómeno sobre las pequeñas y medianas empresas, que el informe cifra en pérdidas para el cine de 32.000 millones de euros en la UE en 2013. El ‘precio’ de sus retrasos se lo cuantifica de nuevo -aunque sea con un informe controvertido- la Coalición de Creadores: Si la medida tarda tres meses más en aprobarse, se traducirá, al menos, en 2.560 millones de pérdidas, según la tendencia que apunta el Primer Observatorio de «piratería» encargado por la Coalición de Creadores, que establecía una tasa de contenidos «piratas» e España del 76 %.

Los aliados de González-Sinde han aprendido, contradicción a contradicción, a dejar en cuarentena las promesas de la cineasta, desde que fue desautorizada por Zapatero y el ministro Caamaño en su plan de cortes administrativos para las webs. Sinde tenía su guión y sus calendarios: el original pasaba por una Comisión de Propiedad Intelectual con ‘licencia’ para perseguir directamente a las páginas sospechosas. Ya se encargaron Bruselas y el ministro Caamaño de hacerlo pasar por la Audiencia Nacional. Con la pátina de la tutela judicial prometían la persecución ‘ejemplarizante’ de unas 200 webs. Esperaban apaciguar a Washington para la revisión de la Lista 301 y hacer del modelo ‘made in Spain’ un plan exportable al resto de los Veintisiete. Ahora, ni lo uno ni lo otro. Ni en Industria ni en Ferraz quieren sostener el mismo texto, ya cuestionado por el CES y varias organizaciones de la judicatura. Moncloa y el grupo socialista sopesan aprovechar el tiempo para la cirugía de la Ley de Propiedad Intelectual y un nuevo modelo de canon digital. González-Sinde sólo espera. Ya en silencio. Se ha quedado sola y, con cada desautorización desde Moncloa y Ferraz, se le acaban también los ‘soles’ de la SGAE, de la Coalición de Creadores, o las demás sociedades de gestión de derechos de autor, que la habían convertido en su ‘musa’ ‘antipirata’.

Entre la industria audiovisual y las entidades de gestión de derechos de autor, descuentan que, cuando llegue -no antes de un año-, el procedimiento completo para regular las descargas de internet, lo hará con una Comisión de Propiedad Intelectual que decidirá sobre los cierres de páginas web, cuya composición no estaba en sus planes originales, a la vista de que asociaciones como la AUC se hacen sitio en ella. De la Comisión -de la que habían empezado ya a barajar apellidos en Industria- en Cultura no quieren ni hablar: la ley deja pendiente de desarrollar el reglamento que especificará también su desarrollo. Y en la mesa de Caamaño aún barajan también el perfil que el propio ministro de Justicia no dudaba, en su presentación en sociedad, en calificar como ‘policía’ de internet. La Coalición de Creadores ha pedido que no tenga representantes de las entidades de gestión a las que representa, pero si "expertos independientes".

Pero Sinde sólo espera. Empieza a sospechar que tiene razón la propia SGAE con eso de que en España “es más fácil ponerle puertas al campo que regular internet”. La ministra ya sabe que cuando la LES y su disposición final segunda para regular los contenidos de internet vea la luz lo hará ante los recelos de la industria de contenidos -que no adelantará su web y ha enfriado el ‘idilio’ con la ministra-, ante los informes de Fedea -que advierten de que la regulación será ineficaz y hasta contraproducente para la industria- y las evidencias de un mercado en el que los usuarios del P2P son también los que más contenidos audiovisuales consumen. Por eso el propio PSOE exige ahora al Gobierno un plan de impulso al sector de contenidos digitales “liderado desde el Gobierno, pero que cuente con la participación de empresas, creadores y otras instituciones, con la cooperación de diversos actores". Un programa que -en palabras de la portavoz socialista en materia de Sociedad de la Información, Lourdes Muñoz, podría impulsar un proceso similar al del Plan Avanza. Y, como él, podría dejar su ‘volante’ en manos del ministerio de Industria, lejos otra vez de Angeles González-Sinde. Su iniciativa suma y sigue con la del presidente de la Asociación multisectorial de empresas españolas de electrónica, Asimelec, Martín Pérez, que pide un Plan Nacional para el desarrollo de la industria de contenidos digitales, liderado desde la Administración y que proteja eficazmente la creatividad y la propiedad intelectual.

MARCHA ATRÁS Y SILENCIO CON LA LPI, EL CANON Y LAS SOCIEDADES

El tiempo corre en contra de los planes y los calendarios de la ministra. En el Grupo Socialista aún buscan la cuadratura del círculo pero se da ya casi por hecho que durante el trámite parlamentario se verá obligado a introducir algunas modificaciones respecto al texto de la ‘Ley Sinde’ aprobado en el Consejo de Ministros del 19 de marzo. Por más que puedan obviar a las asociaciones de internet, los recelos de las empresas del sector, o los avisos de las patronales tecnológicas, ni en Presidencia ni en Ferraz quieren driblar sin más los ‘avisos’ de algunos órganos consultivos como el Consejo Economico y Social -que pide una reforma integral de la LES y de la Ley de Propiedad Intelectual- y la Comisión Nacional de la Competencia. Aunque quisieron exponer su modelo mixto -denuncia de la Comisión de Propiedad Intelectual y cortes cautelares autorizados por la Audiencia Nacional- a las bendiciones de la comunidad jurídica, el informe del Consejo Fiscal llovió sobre mojado en las luces rojas que las cúpulas y las principales asociaciones de la magistratura y la abogacía han encendido ante Sinde y Caamaño.

La Ley de Propiedad Intelectual puede tener los días contados. Ya desde antes de que la LES pasara el visto bueno del Consejo de Ministros, la subcomisión de Propiedad Intelectual -con los votos socialistas al frente- la incluyó entre sus exigencias urgentes. Y es que, casi dos años después de la introducción del canon digital en España, la Justicia europea le ha puesto fecha y motivos de caducidad al modelo ibérico. Al menos, a la parte que pagan las empresas y las administraciones públicas. El informe jurídico redactado por la abogada general del Tribunal de la Unión Europea, Verica Trstenjak, señala que el canon no se ajusta a la legislación comunitaria porque su aplicación es “indiscriminada” y sobrepasa la “compensación equitativa” a los autores, que la Unión Europea sí reconoce. Sinde se aferra al consuelo del tiempo muerto: las conclusiones de Trstenjak no son las definitivas del Tribunal de Luxemburgo, que todavía tiene que dictar sentencia, pero fuentes de la institución recordaban a Público que en un 80% de los casos los jueces acaban por confirmar los análisis de la abogacía general. Más aún: el informe jurídico de la abogacía general plantea que la aplicación del canon también podría ser incorrecta cuando grava a los consumidores para realizar copias privadas de contenido protegido.

Hace ya semanas que Sinde no se atreve a levantar en público las lanzas del canon digital. Esta vez ha sido casi a solas la SGAE, (Sociedad General de Autores y Editores) la que enarbolaba el informe de la Agencia de Evaluación y Calidad de las Administraciones Públicas (Aeval), dependiente de Presidencia, que asegura que “si se optara por la libertad de mercado permitiendo la gestión individual o colectiva de los derechos por decisión de sus titulares, el elevado volumen de los que gestionan las grandes productoras y editoras podría fragmentar el mercado”. Justo todo lo contrario de lo que pide la CNC. Pero en las cuentas de Bautista, sólo el canon digital -un 76% más que el año pasado- les sirve de antídoto a la metamorfosis del mercado.

Y a la vista de las advertencias del TUE, de la rebelión de las administraciones municipales y autonómicas y de la voluntad de reforma de Justicia, Industria y Ferraz, Sinde y la SGAE asumen que nada seguirá como antes. Por eso, empiezan a imponerse los ‘planes B’: busca nuevas fórmulas de tasa al adsl, a las redes sociales y las telecos para suplir un canon que hoy supone un tercio de sus ingresos, más que la venta de discos. La patronal comunitaria de entidades de gestión de derechos de autor (GSAC), reclama la criminalización del impago del canon por copia privada, para que pase a ser un delito penal en lugar de civil y pretende gravar con canon todas las transacciones económicas a través de la Red, desde pagar un billete de avión a hacer la transferencia de la nómina. Las entidades cobrarían un canon a las operadoras, dinero que, a su vez, éstas recaudarían imponiendo una tasa a los navegadores e, incluso, a las redes sociales. Una opción que no estaba en principio en el ‘menú’ digital de los Ministerios de Cultura y de Industria para regular los contenidos de internet y que no es del agrado de la CMT, que el pasado trimestre rebajó el precio del adsl indirecto un 20% para que las operadoras lo trasladaran al precio final al consumidor.

OTRA VEZ LA ‘TERCERA VÍA’ A LOS CORTES A USUARIOS

A la vista de esos antecedentes, las sociedades de gestión y parte del sector audiovisual español saben que aunque consiguieran consumar el cierre de alguna de las 200 webs de su ‘lista negra’, eso no mejoraría el mapa de sus ingresos. Hasta la industria de contenidos da por hecho su ‘ineficiencia’: hasta ahora la Coalición exigía que, si en un año de aplicación de la LES no se reducía el 70% de la ‘piratería’, los cortes lleguen también a los usuarios, tras el modelo de Irlanda y como pretenden instaurar otros Gobiernos como el de Reino Unido. Si la LES se retrasa, no esperarán a su ultimátum. Si la aprobación de la propuesta del ‘documento Gallo’ en el Europarlamento les abre la puerta, se aferrarán a los antecedentes de la Ley Ipred en Suecia, la Hadopi en Francia o la Digital Economy Act en Reino Unido, para intentar que prosperen los cortes a usuarios. Tendrán que hacerlo, además, de espaldas a las contradicciones de la ministra. González-Sinde defiende ahora que “el consumo ilegal de material audiovisual en España se debe a la falta de películas disponibles en el mercado". Sólo que lo ha hecho, además, como argumento de respuesta ante la denuncia de la industria audiovisual norteamericana, la patronal del cine y la agencia de comercio del Gobierno Federal. Un informe del Congreso de EE UU deja de nuevo a España como “país pirata” en la misma lista negra de sospechas que Canadá, México, China o Rusia y le atribuye la descarga de más de 1,2 millones de copias ilegales sólo en diciembre de 2009.

Moncloa calla. Los representantes españoles han vuelto en silencio esta semana de la Cumbre de Lucerna (Suiza), en la que la UE, EE UU, Australia, Japón y Canadá, entre una cuarentena de países han ultimado la novena y última ronda de las negociaciones del acuerdo por la lucha contra la falsificación, el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). No hay noticias oficiales sobre un acuerdo que se negocia desde hace más de dos años entre una veintena de países industrializados bajo el paraguas de la OMC. Pero la industria de internet y la asociación de grandes telecos europeas -ETNO- han encendido todas las luces rojas. Si las propuestas que sólo esperan la concreción de los países ponentes se consuman -lo advierten ya los 1.700 proveedores de servicios en la red de EuroISPA- el acuerdo para “sabotear la piratería” implicará la desconexión de quienes descarguen repetidamente material con derechos de autor sin permiso y nuevas responsabilidades para los proveedores de servicios de Internet y las operadoras de telecomunicaciones sobre el contenido que distribuyen, como el filtrado de contenido. Pero además, por primera vez, abre la puerta a sanciones penales por delitos de infracción de derechos de autor.

SE PROTEGEN DE LOS ‘VIAJES A NINGUNA PARTE’

Cuando lleguen la Disposición Final Segunda de la Les y la reforma de la LPI -o las dos- será con todas las luces de alarma ya encendidas. Las de su necesidad, se las recordaba la Asociación Francisco de Vitoria: ya los tribunales de justicia ordinarios son hoy los responsables de decidir el cierre de una página web que se lucran con la piratería. La mayor parte de los casos que cuestionaban la legalidad de las páginas P2P han sido archivados en las diligencias previas, con el argumento de que estas páginas no incurren en delito ya que no contienen las películas sino enlaces que llevan a otras webs para descargar el contenido. Hasta ahora los jueces de lo mercantil han concluido mayoritariamente que los enlaces no infringen la propiedad intelectual. Además, la Industria de contenidos comienza a tener sobre la mesa el precio de las facturas que puede tener para ellos su avanzadilla para regular los contenidos de internet. Los abogador especialistas en propiedad intelectual le recuerdan a Sinde la facilidad para neutralizar el cierre cautelar de una web: bastaría con acudir a la Audiencia Nacional para pedir la suspensión de la medida cautelar. Y ya hay colectivos de internautas que han advertido a Cultura de que, en cuanto entre en vigot la LES, no sólo se plantearán a Google, con la intención de desafiar a la administración, sino que tras la primera decisión de la Comisión de Propiedad Intelectual presentarán una denuncia por un delito de prevaricación contra sus miembros.

Las luces rojas de la eficacia técnica de la ‘Ley Sinde’ se las encienden los técnicos: la legislación propuesta por el Gobierno no va a ser casi aplicable. La rapidez de los avances tecnológicos permitirá a las web irse a otros países o saltarse los bloqueos. Nuevos atajos de las webs de descargas descentralizadas, el éxito del streaming -que ha reemplazado al P2P y se ha hecho con dos tercios del consumo audiovisual de la red- , las empresas de VPN- que usa un 10% de los internautas-, las técnicas de identidad oculta, la movilidad de las webs y el retorno a los mismos niveles de las descargas en el mercado sueco les recuerdan que no será tan fácil la ‘caza de brujas'. Finalmente, las alarmas por la eficacia financiera se las dispara de nuevo el estudio económico de la Federación de Estudios de Economía Aplicada. Fedea advierte que las medidas ‘antipiratería’ de la Ley Sinde no sólo son “ineficaces para defender a los artistas” y le hacen “sólo el trabajo sucio a las discográficas”, y a 600 artistas que cobran de la SGAE, sino que se volverán contra sus creadores y acabarán por “frenar el desarrollo de internet” y entorpecer “la transformación del modelo productivo”. Según su informe, los ingresos producidos por la música son prácticamente los mismos en 2005 que en 2008 (en torno a los 450 millones). Lo que ha cambiado es la composición interna del negocio, no los beneficios. Entre 2004 y 2008 el número de compositores y obras musicales se ha multiplicado por dos. Es cierto que las ventas de CDs han descendido notablemente, pero la comercialización mediante descargas en Internet y los ingresos por conciertos se han casi triplicado.

Por eso, entretanto, la industria audiovisual intentará, primero, hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año. Las propias cifras de la Coalición prevén –a la luz de su Primer Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales - que más de un 50% de los internautas estaría dispuesto a pagar por contenidos online, lo que supondría unos ingresos para el Estado superiores a los 1.400 millones de euros por IVA e Impuestos de Sociedades sólo en un ejercicio. Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo apuestan por impulsar el VoD (vídeo bajo demanda) para crear una distribución de obras audiovisuales europeas, hoy prácticamente inexistente. Además, para eliminar obstáculos al desarrollo de las plataformas online de descargas legales (en España hay 26 y en Europa 736) se propone la ampliación de licencias para todos los países de la UE o el cambio de la cronología de las ventanas de explotación en España, ya que no debería superar los cuatros meses desde que se estrena un título en la sala hasta que está disponible para su alquiler o venta online, como se está implantando en la Unión Europea.

La industria se guarda en la nevera de la prudencia de nuevo el proyecto de macroweb que la Coalición de Creadores (la que forman parte la SGAE o EGEDA, entre otras empresas de gestión de derechos de autor) prometió estrenar a cuatro manos con González-Sinde con la subvención de 1,5 millones de euros del Ministerio de Cultura, (la misma cuantía para todo el circuito de giras musicales) antes de que llegue la regulación definitiva de las descargas y el intercambio de contenidos en la red. El borrador de su “superportal de contenidos legales” le pisa ya los talones al antecedente de Promusicae, que desde noviembre ‘invirtió’ los 730.000 euros de su subvención de Industria a través del Plan Avanza en www.elportaldemusica.es. Los promotores quieren que el portal sea autosostenible con ingresos por publicidad y de los afiliados en el menor tiempo posible, pero lo han bautizado ya en la ‘pila’ de las subvenciones de Moncloa. Y la Coalición -que destinará la mayor parte de la financiación en una gran campaña de promoción- sólo aportará trabajo y las bases de datos de gestión de derechos de autor de la práctica totalidad del mercado español: música, cine, videojuegos y libro, valora en torno a unos cuatrocientos mil euros.

El sector editorial se lanza a la producción propia para evitar el monopolio de lectores foráneos como Kindle o de contenidos ajenos. Lo hacen en tiempo real, a contrapié del reloj de Moncloa, que aún le atrasa al sector. Supone aún sólo un 8% de la industria editorial en España, un negocio de más de 42 millones en 2008, pero el e-book mira a las previsiones que descuentan que en los próximos cinco años se venderán tres millones de lectores sólo en España. El sector editorial descuenta que sólo si hay una oferta razonable y a buen precio dejarán sin sitio al acceso ‘pirata’ a sus contenidos digitales. No quieren reeditar el fuera de juego de la industria audiovisual. Ya hay 300.000 obras en español de dominio público en Internet; cuatro grandes plataformas de distribución buscarán su consolidación antes de que acabe 2010 y más de 10.000 e-books españoles estarán accesibles en los próximos meses. La mayor plataforma, Libranda arrancará el 15 de julio con 2.000 títulos de once editoriales (Planeta, Random House Mondadori, Santillana, Roca Editorial, Grup62, SM, y Wolters Kluwer; Ediciones Maeva, Salamandra y Anagrama, Acantilado, Quaderns Crema, Ediciones Siruela y La Galera), pero no venderá directamente al público, sino que pondrá a disposición del usuario los canales de venta para acceder al contenido digital de las editoriales con las que trabaja. Verá la luz con precios entre un 20 y un 30% inferiores al precio de cubierta del libro de papel, pero con el lastre del IVA del 18%, casi cinco veces más que el de las ediciones impresas. Lo hará después de que la Ministra de Cultura anunciara la equiparación con el IVA superreducido del 4% de los libros en papel y tuviera luego que desdecirse ante la presión de Hacienda y de Bruselas. Una reivindicación que Rodríguez Zapatero, que les ha prometido elevar su demanda ante las autoridades europeas.